Para lo bueno y para lo malo, el entorno digital no es solo un mero espejo del físico y tangible, sino que su potencial tiene la capacidad de proyectar exponencialmente un contenido -en ocasiones poco o nada contrastado- y hacerlo viral. La carrera por la inmediatez, además, hará el resto.

En esta ocasión nos centramos en los mensajes malintencionados, que pueden dañar de forma irreparable reputaciones, honores o imágenes personales.

Reventando al libre albedrío el derecho a la libertad de expresión, hay quien cae en figuras como la injuria o la calumnia, convirtiendo a las redes sociales en emisoras de rumorología de bajo saldo.

Cuando uno excede la mera libertad de expresión para achacar comentarios vejatorios, se entra en el ámbito del presunto delito. Una batalla que ha de saldarse no en las redes sociales, sino en sede judicial u órganos competentes, según sea pertinente.

Por lo general, la calumnia -imputación de un delito hecho con conocimiento de su falsedad- es más difícil de cometer y conlleva mayores penas. Es decir, no es lo habitual. La injuria, por su parte, es la figura en la que caen la mayoría de internautas que finalmente resultan condenados, ya que versa sobre la acción o expresión que lesiona la dignidad de una persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, según recoge la legislación vigente.

Hemos de tener en cuenta que internet no es un agujero negro donde todo quede en saco roto, pues tanto Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Administración judicial y otros organismos cuentan con unidades de investigación al respecto de los delitos tecnológicos.

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